Municipios de San Javier (Murcia), Ourense y La Laguna (Tenerife) en el ojo de la tormenta de la corrupción
Seis meses después de las elecciones municipales, diversos alcaldes y exalcaldes de localidades españolas se encuentran bajo el escrutinio de la justicia debido a investigaciones que abarcan desde prevaricación y cohecho hasta malversación de fondos públicos. Entre los casos más destacados, se encuentra el de la localidad murciana de San Javier, donde el alcalde José Miguel Luengo Gallego (PP) se ve envuelto en acusaciones de corrupción, prevaricación y amenazas.
La Fiscalía de Cartagena está llevando a cabo una investigación relacionada con el proceso de licitación del servicio público de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, valorado en 247 millones de euros. En este proceso, se han identificado indicios de criminalidad y un posible delito de prevaricación administrativa según el artículo 404 del Código Penal, ya que se otorgó el contrato a la empresa Aqualia.
Las sospechas se centran en la consultora Ingeagua por su invitación a FCC Aqualia, uno de sus clientes, al concurso público. Aqualia obtuvo la puntuación más alta en las valoraciones, y su oferta económica superó en más de 16 millones de euros el límite permitido, un incremento del 56% en comparación con las demás ofertas. La situación se complica aún más porque Luengo Gallego trabajó durante 3 años en la principal empresa contratista propuesta por Aqualia, lo que añade a las sospechas de conflictos de interés que rodean el proceso de licitación del servicio de agua en San Javier.
Además, la preocupación aumenta debido a que Luengo Gallego, en su rol de alcalde, también preside la Mesa de Contratación del municipio, el órgano responsable de la adjudicación de contratos públicos. Esta misma mesa dio su aprobación en septiembre a la propuesta de Aqualia como la ganadora del contrato.
Recientemente, Luengo Gallego ha enfrentado un juicio por amenazas contra el presidente del partido de la oposición, Pleamar, durante el día de las elecciones municipales. El presidente de Pleamar, Manuel Reyes, se acercó para saludar a su rival político, Luengo Gallego, y a su esposa, momento en el que el actual alcalde de San Javier perdió los nervios y profirió amenazas.
Según la denuncia presentada ante la Guardia Civil de San Javier, Luengo Gallego habría amenazado a Reyes Crespo, diciéndole: “La política tiene un límite y te has sobrepasado, eres un sinvergüenza, voy a por ti, te arrastrarás hacia mí e iré a por tus propiedades y por la farmacia de tu esposa”. Estas graves acusaciones llevaron a Reyes Crespo a formalizar la denuncia.
Escándalos de Audio en Ourense
En el otro extremo del país, en Ourense, el actual alcalde Gonzalo Pérez Jácome, miembro de Democracia Ourensana, se encuentra bajo investigación de la Fiscalía de Ourense debido a posibles delitos de prevaricación, cohecho, malversación y tráfico de influencias. Pocos días después de las elecciones municipales, se dieron a conocer grabaciones de Jácome en las que hacía alarde de conocer la forma de blanquear dinero negro y de realizar pagos en B. También se refería a su jefe de gabinete como “el conseguidor” mientras denigraba a su personal de confianza.
Las grabaciones, que fueron denunciadas por el PSOE ourensano, incluyen conversaciones en las que Jácome discute el blanqueo de dinero y la forma de obtener fondos de empresas concesionarias. También menciona la contratación de un intermediario y la asunción de multas por parte de funcionarios del ayuntamiento.
Además, durante la campaña electoral, el alcalde de la ciudad fue denunciado por el PSOE de Ourense ante la Junta Electoral por poner en marcha rampas mecánicas de Concordia en un momento prohibido debido a la coincidencia con la campaña electoral. Esto resultó en investigaciones por supuestos delitos de prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias debido a la adjudicación a dedo de un contrato de 5 millones de euros para su construcción.
Investigación por Prácticas Mafiosas en La Laguna
En San Cristóbal de La Laguna, un municipio en Santa Cruz de Tenerife, el actual alcalde Luis Yeray, miembro del PSOE y Secretario General de los socialistas lagunenses, enfrenta una investigación por su presunta participación en prácticas mafiosas a nivel local. Se le acusa de tomar control de las instituciones con maniobras ilegales que afectan desde asociaciones de vecinos hasta empresas concesionarias, además de extorsionar a empresarios.
Una denuncia presentada por Ciudadanos y Coalición Canaria alega que Yeray habría fraccionado cientos de pagos por contratos menores para favorecer a empresas de nueva creación relacionadas con su familia, llegando a un total de más de tres millones de euros. Esto ha sido corroborado por el Secretario del Pleno municipal.
Al inicio de su mandato, Yeray realizó un cambio en el sistema de fiscalización de la contratación menor del Ayuntamiento de La Laguna, eliminando la fiscalización previa que requería que el interventor municipal realizara un informe para detectar irregularidades. Esta eliminación de controles ha generado preocupaciones acerca de la falta de mecanismos para garantizar la transparencia en la contratación de servicios por parte del consistorio.
Yeray también tiene un historial judicial, que incluye condenas por allanamiento al Parlamento de Canarias y agresión a un agente de policía.
Caso Efial: 10 Años de Corrupción en 20 Ayuntamientos
Uno de los grandes escándalos de corrupción municipal fue el caso Efial, que tuvo lugar entre 2013 y 2022. Según la justicia, este caso afectó a más de veinte ayuntamientos a lo largo de aproximadamente diez años en los que se llevaron a cabo prácticas corruptas. Entre los implicados se encuentran exalcaldes de localidades como Chinchón, Velilla de San Antonio, Ametlla de Mar, Torredembarra, Ascó y Vandellós.
Hasta el día de hoy, el caso se encuentra pendiente de resolución judicial. Según el auto emitido por el Juzgado Central de Instrucción número 4 de Madrid, los hechos parecen constituir un delito de prevaricación administrativa. Se observa la existencia de un mecanismo fraudulento que tenía como objetivo evadir los controles legales en la adjudicación de concursos y contratos públicos.
El juez explica que los investigados de la empresa Efial, que posteriormente cambió su nombre a Consultoría en Gestión Innovadora S.L., llevaron a cabo tareas propias de funcionarios públicos. Incluso llegaron a participar ilegalmente en los procesos de concurso-oposición, actuando como asesores propuestos por los alcaldes y facturando por la elaboración de las bases de los concursos. El “modus operandi” consistía en la creación de empresas municipales públicas donde Efial establecía y/o gestionaba una entidad pública empresarial, que en apariencia carecía de capacidad ejecutiva, lo que facilitaba la elusión del control administrativo.
Este caso se inició en 2013 en un juzgado de Vendrell, Cataluña, como resultado de una denuncia presentada por la Fiscalía debido a posibles irregularidades en la contratación pública del Ayuntamiento de Torredembarra, bajo el liderazgo del entonces alcalde Daniel Massagué (CIU).
El juzgado de Vendrell identificó un mecanismo fraudulento que se había extendido a numerosos ayuntamientos en Cataluña, involucrando a figuras como Andreu Martí García, alcalde de L’Ametlla de Mar; Josep Jaume Castellnou, alcalde de Vandellós; y Rafael Vidal, alcalde de Ascó, todos ellos afiliados a la extinta Convergència i Unió (CIU). La magnitud de los implicados llevó a la transferencia de esta investigación a la Audiencia Nacional.
En Madrid, la investigación de esta misma trama de prácticas ilegales afectó a los ayuntamientos de Chinchón, Collado Villalba, Getafe, Velilla de San Antonio, Meco, Móstoles y Torrejón de Ardoz.
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