SORIA, 11 (EUROPA PRESS)
La Guardia Civil de Soria ha puesto fin, con la explotación de la denominada operación Machatasha que se saldó con la detención de seis personas y la investigación judicial de otras cuatro, a la actividad de una organización delictiva centrada en la explotación laboral de ciudadanos extranjeros, tanto comunitarios en situación de vulnerabilidad como extracomunitarios procedentes de África y que carecían de cualquier tipo de autorización para trabajar en España. Se ha identificado a 45 víctimas, que trabajaban casi en régimen de “esclavitud”.
El subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, y el teniente coronel de la Guardia Civil en Soria, Sergio Peñarroya, han ofrecido este miércoles algunos detalles de esta operación iniciada a comienzos del verano.
La Comandancia de la Guardia Civil de Soria tuvo conocimiento a principios del mes de julio pasado de que en las localidades de la Ribera del Duero soriana personas extranjeras estarían realizando labores agrícolas sin las preceptivas formalidades legales.
La operación arrancó los días 6 y 7 de julio, con sendas disputas entre propietarios e inquilinos de viviendas en la zona de San Esteban de Gormaz y El Burgo de Osma, en ambos casos por temas económicos. Aunque a priori no parecían relacionadas, las pesquisas encontraron un nexo en común en una tienda de San Esteban.
Iniciadas las investigaciones. se entró en contacto con los trabajadores. Se tomó declaración a 45 y, a través de determinados archivos, se verificó que la información recibida era cierta y se hallaron indicios de la existencia de un entramado de personas que los contrataban, permitiendo la posterior investigación acreditar la existencia de una organización criminal ahora desarticulada.
EXTRACOMUNITARIOS Y COMUNITARIOS
En cuanto a la tipología de las víctimas se detectó la existencia de dos grupos diferentes. Por un lado, había nueve personas procedentes de países del Magreb y también alguna subsahariana, las cuales por su situación irregular en España carecían de cualquier autorización para trabajar.
El segundo grupo de personas lo formaban personas de países de la Unión Europea, lo que les habilita para poder trabajar en las mismas condiciones que los nacionales, pero que se encontraban en situación de vulnerabilidad, bien por ausencia de arraigo, por carencia de recursos económicos, desconocimiento del idioma, etc., lo que llevaba a que, si bien podrían ser dados de alta por el empresario, todos ellos carecían de contrato y de Seguridad Social, y eran obligados a aceptar las condiciones dictadas por la organización. Se han detectado igualmente episodios de amenazas a las familias de las víctimas en los países de origen.
La investigación ha permitido acreditar que las condiciones de explotación por parte de la organización a las víctimas se prolongaban incluso cuando las mismas finalizaban la relación laboral, obligándolas a hacerse cargo de una deuda que según la organización se ocasionaba por su alojamiento, manutención, supuestos trámites burocráticos, traslados desde sus países de origen y en general cualquier excusa. Las coacciones se mantenían en el tiempo generando miedo en las víctimas.
DIEZ EUROS DE BENEFICIO
Ninguno de los salarios investigados llegaba al salario mínimo legal y, de manera habitual, los gastos supuestamente generados superaban la cantidad a percibir.
Peñarroya ha puesto el ejemplo de dos personas de un matrimonio que, después de estar todo el mes trabajando, tuvieron diez euros de beneficio y generaron 900 de deuda. Además, el teniente coronel ha explicado que en alguno de los pisos vivían 17 personas, algunas de las cuales tenían que compartir colchón sin conocerse de nada.
Los investigados son propietarios de las explotaciones agrícolas, generalmente viñedos. En este sentido, Peñarroya ha reconocido que también ha habido otras empresas de la comarca a las que se les ofreció esta mano de obra y no la aceptaron. El subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, no ha dudado en utilizar la palabra “esclavitud” cuando ha presentado la operación Machatasha, que continúa abierta.
La operación fue conocida y coordinada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de El Burgo de Osma (Soria) y la Fiscalía de la Audiencia Provincial. Asimismo, durante la fase de explotación participó la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Soria.
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